4.000 euros de multa por un desahucio.

El pasado 25 de noviembre, varios jóvenes acudimos a paralizar el desahucio de Fátima y su familia, movidos tanto por nuestro convencimiento de defender el derecho a una vivienda digna, como porque en “teoría” el gobierno había paralizado los desahucios para personas vulnerables como Fátima, una de las miles de víctimas de la crisis económica y social fruto de la pandemia y de la incapacidad del sistema para hacer frente a la misma.

Poco antes de la llegada de la comitiva judicial, varios agentes de la policía nacional se personaron en el lugar e identificaron de manera aleatoria e injustificada a numerosas personas, al final ese día conseguimos paralizarlo, pero dos días después se militarizó el barrio con hasta 30 antidisturbios para ejecutar el desahucio.

Cinco meses después, hemos empezado a recibir multas de 601€ por haber impedido, supuestamente, el acceso de los agentes a la vivienda, 4.000 euros en total nos piden por todo esto, dentro de este montante se encuentran también incluidos los gastos judiciales correspondientes a las alegaciones y recursos pertinentes. Dichas sanciones se imponen conforme a lo recogido en la ley de “Seguridad ciudadana”, más conocida como ley mordaza. La policía y la subdelegación de gobierno consideran luchar por la vivienda como un “Atentado grave contra la seguridad ciudadana”

Resulta paradójico y cuanto menos inquietante que el autodenominado gobierno “más progresista de la historia”, cuyo presidente se llenaba la boca de decir que llevaba en su programa la derogación de la ley mordaza, haga uso de ella para castigar a quienes defendemos el derecho a la vivienda. Tanto PSOE como Unidas Podemos presumen de haber puesto en marcha un “escudo social” que garantice el derecho a la vivienda. Sin embargo, tal y como ha recordado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en varias ocasiones, la realidad es bien distinta.

Frente al fracaso del gobierno “progresista” en materia de vivienda, frente a su negativa a enfrentar a quienes especulan con nuestros derechos, creemos que la mejor herramienta es la autoorganización. Por eso, y pese a los intentos del ejecutivo de criminalizar la protesta social, seguiremos organizándonos para evitar todos los desahucios que tengan lugar en nuestros barrios. Exigimos la anulación de nuestra causa y la puesta en marcha de políticas que beneficien

a la mayoría social. No nos arrepentiremos de luchar por una causa justa, este nuevo caso represivo lo vamos a ganar con unidad y lucha.

¡Tenemos 4.000 razones más para luchar!