SOS Rescate de los niños Villarreal
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Cristina (9), Ana (8) y Rodrigo (5) llevan dos años y medio secuestrados en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, sometidos a maltratos y abusos, bajo la tortura de no permitírseles ver, hablar, ni recibir cartas ni muestras de cariño de sus padres, con los que insistentemente manifiestan querer regresar, de los que fueron arrebatados mediante la burda sustitución de un informe que evaluó positivamente a la familia por otro falso que pedía su retirada. Actualmente su denuncia por falsedad documental está siendo bloqueada por motivos desconocidos, y la única forma de reactivarla es contratando un abogado de pago, a lo que en este momento la familia no puede hacer frente.
El 18 de noviembre del 2015 a las 9:30 de la mañana, una veintena de policías irrumpió en la vivienda de la familia Villarreal sin previo aviso destrozando puertas y ventanas. Algunos de ellos se abalanzaron sobre Rodrigo, de dos años, que dormía en su cuna. Otros sacaron a Cristina y a Ana, de siete y cinco años, de la ducha, arrastrándolas a la calle con el pelo mojado, desnudas y envueltas en una toalla, a pesar de las heladas temperaturas de esa mañana, y ante la mirada atónita de los vecinos que se agolpaban frente a la vivienda. Mientras tanto, los padres de los niños, Marina y Adrián, eran obligados a permanecer sentados en el suelo sin moverse, sin permitírseles ni un beso, ni una palabra de consuelo a sus hijos. A las niñas las metieron en un coche, al niño en otro, y desaparecieron.
Sin duda, semejante despliegue policial y tamaña brutalidad sólo podían responder a una urgencia extrema, a una cuestión de vida o muerte. Sin duda, ¿verdad? PUES NO. Los niños Villarreal no corrían ningún peligro, su integridad física nunca se puso en duda. No se acusaba a los padres de violentos, ni abusadores, ni psicópatas. Los niños estaban en perfecto estado de salud, eran muy amados y felices. Estaban bien alimentados, acudían al médico, tenían una vivienda digna, con juguetes y ordenadores. El pequeño Rodrigo aún era amamantado por su madre a recomendación de su pediatra. Pero la Comunidad de Madrid había decidido declarar a los niños en situación de “desamparo” y retirar a sus padres la custodia basándose en un informe descaradamente falso, suplantando y ocultando el informe auténtico del estudio psicosocial que valoró positivamente a la familia y concluyó que no había necesidad de ningún tipo de intervención.
Para entender este caso que parece de ficción, pero desgraciadamente es absolutamente real como lo prueban irrefutablemente informes, documentos y grabaciones, tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás. En el 2011 Marina y Adrián, por entonces con una niña y esperando la segunda, pusieron una denuncia a la teniente alcalde de la localidad de Aragón en la que residían, tras descubrir irregularidades en el cobro por parte del ayuntamiento de una subvención para creación de empleo, siendo ellos directamente perjudicados. El alcalde, que resultó ser tío de la denunciada y jefe de Servicios Sociales de la comarca, les amenazó con quitarles a sus hijas como represalia, y desde entonces este organismo comenzó a acosar a la familia. Trataron de abrir un expediente de desprotección para las menores, instando incluso a la Comunidad de Madrid a hacer lo propio cuando la familia se mudó allí. Esta sin embargo desestimó como motivo de desprotección lo que figura textualmente en el expediente como “enfrentamientos con funcionarios del Ayuntamiento”.
En mayo del 2012, recién instalados en el domicilio de la fallecida bisabuela de los niños y estando toda la familia en casa, Ana, con entonces dos años, consiguió hacer llegar a sus manos un bote de un producto de limpieza de muebles (la bisabuela tenía una tienda de muebles), y sus padres decidieron llevarla inmediatamente al hospital para cerciorarse de que la niña no se lo había llevado a la boca. Allí, tras realizarle tratamiento preventivo, se confirmó que no había habido ingesta, tal como queda reflejado en los informes hospitalarios. El personal sanitario no notificó a los servicios sociales, por no considerar que existiera motivo alguno para hacerlo. Aún así, un “espía anónimo” informó a los servicios sociales de este incidente. Se encargó al Centro de Atención a la Infancia de la localidad madrileña donde residían, en concreto a la educadora social Tania y al psicólogo Jorge, la realización de un estudio psicosocial a la familia. Este tuvo una duración de seis meses (desde julio hasta el 28 de diciembre de 2012) y consistió en numerosas reuniones y entrevistas con todos los miembros de la familia, juntos y por separado, y visitas al domicilio familiar. El informe (titulado “VALORACIÓN PSICOSOCIAL”) fue positivo para la familia, mencionando expresamente la actitud colaboradora de los padres hacia los evaluadores, sus buenas aptitudes parentales, la adecuada higiene y seguimiento médico de las niñas, la idoneidad de la vivienda, y el cariño mutuo entre padres e hijas, concluyendo así: “Tras la valoración realizada de la situación de las menores, valoramos que en el momento actual no existe ningún riesgo moderado o grave en las niñas, que motive nuestra intervención”.
Pero el Centro de Atención a la Infancia no envió a la Comunidad de Madrid este informe. En su lugar, envió otro informe realizado seis meses más tarde con un periodo de evaluación de un día, el 15 de julio de 2013, titulado únicamente “INFORME”, firmado por la misma educadora social que realizó el informe anterior, Tania G. B., y por un nuevo psicólogo, Alfonso V., el cual nunca había visto ni a los niños, ni a la madre, ni hablado con ellos, ni visitado el domicilio familiar, ni realizado por tanto ningún tipo de evaluación de la familia. El informe, lleno de contradicciones y errores (confundiendo incluso los nombres de las niñas), se basaba en el anterior positivo (sin mencionar su existencia), pero ahora afirmaba todo lo contrario al anterior, sin aportar ni una sola prueba documental o física de las acusaciones realizadas, y pedía la “medida de protección en centro residencial para los tres menores”. Además, contrariamente a lo que exige la ley de protección del menor que establece la necesidad de revisar la medida cada ciertos meses y elaborar un plan de trabajo con los padres para que estos corrijan los motivos del desamparo y los menores puedan retornar cuanto antes a su familia, en este caso se retiran los menores de forma definitiva y sin posibilidad de recuperación, en un contexto de absoluta ilegalidad y total indefensión de la familia.
Los abusos no acaban aquí. En el juicio de familia, celebrado el 7 de julio de 2016 (ocho meses después de la retirada de los menores), no se admitió que los padres aportaran ninguna prueba para demostrar la falsedad de las acusaciones: ni el extracto de sus cuentas bancarias, ni la póliza e informes del seguro médico privado de los niños, ni testigos, ni informes periciales; ni se les permitió abrir la boca en el juicio. Sólo se tomó declaración a la educadora Tania G. B., que reconoció que el psicólogo Jorge y ella realizaron el único estudio psicosocial que existió de la familia, que éste fue positivo, que no se realizó ningún estudio, ni entrevista, ni visita adicional entre este y el segundo informe negativo, que el psicólogo Alfonso V. que firma este último informe no conoció nunca a la familia, y que ella misma nunca había visto al hijo pequeño cuya retirada de tutela también pedía. Cuando se le pregunta cuál es entonces la causa del radical cambio en su valoración y el origen de las nuevas acusaciones, alude de forma vaga a una reunión de profesionales cuya identidad no revela. Pero el citado falso INFORME reconoce sin tapujos que, lejos de tratarse de profesionales independientes, todos los participantes en la reunión eran personas contra los que Marina y Adrián habían presentado algún tipo de queja o a los que les habían resultado molestos, lideradas por los servicios sociales de Aragón que les habían amenazado años atrás como represalia por su denuncia a la teniente alcalde. Es decir, se selecciona cuidadosamente un grupo de personas con una enemistad personal hacia este matrimonio y entre ellos deciden, arbitrariamente y ocultando la valoración psicosocial a la familia realizada unos meses antes, la retirada de tutela de los tres menores, amañando un nuevo informe y encontrando un psicólogo dispuesto a poner en él su firma. El juicio puede verse y escucharse en YouTube. Pese a la criminalidad manifiesta de todo esto, cinco días más tarde, la jueza resuelve inexplicablemente a favor de la Comunidad de Madrid.
Tras la retirada de los niños, en un principio se permitió a los padres visitarlos dos días por semana una hora. Rodrigo, al que se había obligado al destete de forma brusca (a pesar de que todos los organismos pediátricos nacionales e internacionales alertan de los importantes daños físicos y emocionales de la interrupción repentina de la lactancia materna), según el director del centro y los educadores lo estaba pasando muy mal, lloraba constantemente, comía muy poco y no dormía, por lo que tuvieron que sedarlo durante meses. Existen grabaciones de vídeo de algunas de las primeras visitas que los padres han colgado en YouTube a modo de denuncia, con imágenes absolutamente desgarradoras de la separación forzosa de Rodrigo de sus padres. Puede verse al pequeño durante la visita aferrado al pecho de su madre, mamando en actitud de éxtasis. Puede verse luego al niño desesperado y angustiado cuando llega el momento de la despedida, llorando desconsolado, gritando “Noooooo”, e intentando zafarse de la persona que se lo lleva. A los pocos días de su internamiento, Rodrigo enfermó de las vías respiratorias y contrajo una cojera (según la residencia, a consecuencia de un virus), y tuvo que ser ingresado en el hospital. Sus padres, temiendo por la vida del niño, solicitaron por vía administrativa y judicial de forma urgente que se permitiera a su madre cuidarle y amamantarle, pero no se le permitió. Que el estado de los niños empeoró radicalmente tras su internamiento está documentado con grabaciones y fotos realizadas por los padres. Ana, que decía no querer comer la comida del centro, llegó con seis años a pesar menos que su hermano de tres. Por denunciar y documentar los padres heridas y marcas de agresiones en los niños mediante fotografías, se les restringieron primero, y luego se les eliminaron totalmente las visitas. Como los niños continuaban manifestando incansablemente a sus padres por teléfono que querían salir de ahí y volver a casa (¡incluso un año después de no poder ver a sus padres!), conversaciones que también están grabadas, se les eliminaron también las llamadas. Sin que se les haya informado del centro, los padres se han conseguido enterar de que Rodrigo ha sido hospitalizado al menos dos veces más desde que ingresó en residencia, pero ésta se niega a darles los motivos. Actualmente se les niega toda información sobre el estado de sus hijos. Los padres califican el trato que han recibido por parte del personal del centro como una auténtica “tortura psicológica”. “Nos enteramos por nuestras hijas de que era un hombre el que las bañaba, cuando ellas en casa un año antes ya se duchaban solas. Dijimos que no nos parecía bien que fuera un hombre que no es su padre el que está lavando sus partes íntimas. También nos quejamos de que las vistieran con pantaloncitos muy cortos y estrechos, por no parecernos apropiado para unas niñas de esa edad que además tienen que jugar. En la visita siguiente trajeron a Ana, con apenas seis años, con una minifalda, un top y unos tacones. Como diciendo, toma, os preocupa que vuestras hijas puedan sufrir abusos sexuales en el centro, pues ahora os vais a enterar. Llegaron incluso a decirnos que si ellos quieren, pueden sacarles un órgano a los niños sin decirnos nada. ¿Esto no es torturar deliberadamente a unos padres?”, explica Marina con voz entrecortada.
El de los hermanos Villarreal no es un caso aislado. Centenares de familias y varias asociaciones han denunciado a la Administración por informes de retirada de tutela falsos y manipulados. Los escándalos de maltratos y abusos sexuales en centros de menores tutelados por la administración, embarazos no deseados, violentas peleas entre menores, desaparición de niños fugados de los centros, etc., están a la orden del día. UNICEF ha expresado su preocupación porque el sistema de protección del menor en España no respeta los derechos de los niños, dedicando montones de recursos a retirarlos de las familias en vez de ayudar a éstas a superar sus dificultades, actuando sin control judicial, y sin tener en cuenta la opinión de los niños. Pero es que los menores tutelados son un negocio, como cada vez más voces se atreven a denunciar. Por la tutela de los tres hermanos Villarreal, la Comunidad de Madrid recibe unos 12 000 EUR al mes, 150 000 EUR al año, en su mayoría provenientes de fondos europeos. Por los 50 000 niños tutelados que se calcula que hay en España, estaríamos hablando de una fuente de ingresos de varios miles de millones de euros al año, que alimenta a una cohorte de trabajadores sociales, educadores, psicólogos, y funcionarios, y lucra a las empresas que gestionan las residencias de menores. En resumen, un buen incentivo para que surjan tramas corruptas dentro de una administración que ejerce escaso control sobre sus instituciones, otorga a cualquier trabajador social el inmenso poder de retirar tutelas a su juicio particular, y cuyos funcionarios gozan de presunción de veracidad ante la justicia.
Desgraciadamente, en España la justicia no es igual para todos, más aún cuando el demandado es una institución del mismo Estado que paga y asigna a los abogados de oficio. Es primordial que la familia Villarreal consiga contratar un abogado que les represente adecuadamente y ponga fin al bloqueo, deliberado o por desidia, de la justicia. Y esto es importante no solo para ellos: su caso crearía precedente de que las Comunidades Autónomas utilizan informes falsos de “desamparo” para retirar menores de sus familias.
Marina y Adrián tienen la intención de devolver todos los donativos realizados para la lucha por rescatar a sus hijos, pero por ahora no saben cuánto tiempo tardarán en hacerlo. Gracias por la confianza.
Por el derecho de estos niños a tener unos padres y crecer en el seno de una familia que les ama y protege. Para que se ponga fin a esta tortura física y psicológica de tres niños y sus padres. CONTRA EL TRÁFICO ENCUBIERTO DE MENORES AMPARADO POR EL ESTADO Y FINANCIADO CON NUESTROS IMPUESTOS. Para que no quede impune este crimen y que no se repita con ninguna otra familia. Porque los siguientes podrían ser tus hijos, sobrinos o nietos.
POR FAVOR, VISITA TAMBIÉN LA PÁGINA DE FACEBOOK “RESCATEMOS A LOS NIÑOS VILLARREAL” PARA DESCARGAR, FIRMAR Y ENVIAR UN MODELO DE CARTA A LAS INSTITUCIONES Y PERSONALIDADES QUE ALLÍ SE INDICAN. También puedes ayudar firmando y difundiendo la petición de Change.org "Que los hermanos Villarreal sean devueltos YA a su familia". Cuantas más voces seamos, más difícil será acallarnos.
Muchas gracias de todo corazón.
El 18 de noviembre del 2015 a las 9:30 de la mañana, una veintena de policías irrumpió en la vivienda de la familia Villarreal sin previo aviso destrozando puertas y ventanas. Algunos de ellos se abalanzaron sobre Rodrigo, de dos años, que dormía en su cuna. Otros sacaron a Cristina y a Ana, de siete y cinco años, de la ducha, arrastrándolas a la calle con el pelo mojado, desnudas y envueltas en una toalla, a pesar de las heladas temperaturas de esa mañana, y ante la mirada atónita de los vecinos que se agolpaban frente a la vivienda. Mientras tanto, los padres de los niños, Marina y Adrián, eran obligados a permanecer sentados en el suelo sin moverse, sin permitírseles ni un beso, ni una palabra de consuelo a sus hijos. A las niñas las metieron en un coche, al niño en otro, y desaparecieron.
Sin duda, semejante despliegue policial y tamaña brutalidad sólo podían responder a una urgencia extrema, a una cuestión de vida o muerte. Sin duda, ¿verdad? PUES NO. Los niños Villarreal no corrían ningún peligro, su integridad física nunca se puso en duda. No se acusaba a los padres de violentos, ni abusadores, ni psicópatas. Los niños estaban en perfecto estado de salud, eran muy amados y felices. Estaban bien alimentados, acudían al médico, tenían una vivienda digna, con juguetes y ordenadores. El pequeño Rodrigo aún era amamantado por su madre a recomendación de su pediatra. Pero la Comunidad de Madrid había decidido declarar a los niños en situación de “desamparo” y retirar a sus padres la custodia basándose en un informe descaradamente falso, suplantando y ocultando el informe auténtico del estudio psicosocial que valoró positivamente a la familia y concluyó que no había necesidad de ningún tipo de intervención.
Para entender este caso que parece de ficción, pero desgraciadamente es absolutamente real como lo prueban irrefutablemente informes, documentos y grabaciones, tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás. En el 2011 Marina y Adrián, por entonces con una niña y esperando la segunda, pusieron una denuncia a la teniente alcalde de la localidad de Aragón en la que residían, tras descubrir irregularidades en el cobro por parte del ayuntamiento de una subvención para creación de empleo, siendo ellos directamente perjudicados. El alcalde, que resultó ser tío de la denunciada y jefe de Servicios Sociales de la comarca, les amenazó con quitarles a sus hijas como represalia, y desde entonces este organismo comenzó a acosar a la familia. Trataron de abrir un expediente de desprotección para las menores, instando incluso a la Comunidad de Madrid a hacer lo propio cuando la familia se mudó allí. Esta sin embargo desestimó como motivo de desprotección lo que figura textualmente en el expediente como “enfrentamientos con funcionarios del Ayuntamiento”.
En mayo del 2012, recién instalados en el domicilio de la fallecida bisabuela de los niños y estando toda la familia en casa, Ana, con entonces dos años, consiguió hacer llegar a sus manos un bote de un producto de limpieza de muebles (la bisabuela tenía una tienda de muebles), y sus padres decidieron llevarla inmediatamente al hospital para cerciorarse de que la niña no se lo había llevado a la boca. Allí, tras realizarle tratamiento preventivo, se confirmó que no había habido ingesta, tal como queda reflejado en los informes hospitalarios. El personal sanitario no notificó a los servicios sociales, por no considerar que existiera motivo alguno para hacerlo. Aún así, un “espía anónimo” informó a los servicios sociales de este incidente. Se encargó al Centro de Atención a la Infancia de la localidad madrileña donde residían, en concreto a la educadora social Tania y al psicólogo Jorge, la realización de un estudio psicosocial a la familia. Este tuvo una duración de seis meses (desde julio hasta el 28 de diciembre de 2012) y consistió en numerosas reuniones y entrevistas con todos los miembros de la familia, juntos y por separado, y visitas al domicilio familiar. El informe (titulado “VALORACIÓN PSICOSOCIAL”) fue positivo para la familia, mencionando expresamente la actitud colaboradora de los padres hacia los evaluadores, sus buenas aptitudes parentales, la adecuada higiene y seguimiento médico de las niñas, la idoneidad de la vivienda, y el cariño mutuo entre padres e hijas, concluyendo así: “Tras la valoración realizada de la situación de las menores, valoramos que en el momento actual no existe ningún riesgo moderado o grave en las niñas, que motive nuestra intervención”.
Pero el Centro de Atención a la Infancia no envió a la Comunidad de Madrid este informe. En su lugar, envió otro informe realizado seis meses más tarde con un periodo de evaluación de un día, el 15 de julio de 2013, titulado únicamente “INFORME”, firmado por la misma educadora social que realizó el informe anterior, Tania G. B., y por un nuevo psicólogo, Alfonso V., el cual nunca había visto ni a los niños, ni a la madre, ni hablado con ellos, ni visitado el domicilio familiar, ni realizado por tanto ningún tipo de evaluación de la familia. El informe, lleno de contradicciones y errores (confundiendo incluso los nombres de las niñas), se basaba en el anterior positivo (sin mencionar su existencia), pero ahora afirmaba todo lo contrario al anterior, sin aportar ni una sola prueba documental o física de las acusaciones realizadas, y pedía la “medida de protección en centro residencial para los tres menores”. Además, contrariamente a lo que exige la ley de protección del menor que establece la necesidad de revisar la medida cada ciertos meses y elaborar un plan de trabajo con los padres para que estos corrijan los motivos del desamparo y los menores puedan retornar cuanto antes a su familia, en este caso se retiran los menores de forma definitiva y sin posibilidad de recuperación, en un contexto de absoluta ilegalidad y total indefensión de la familia.
Los abusos no acaban aquí. En el juicio de familia, celebrado el 7 de julio de 2016 (ocho meses después de la retirada de los menores), no se admitió que los padres aportaran ninguna prueba para demostrar la falsedad de las acusaciones: ni el extracto de sus cuentas bancarias, ni la póliza e informes del seguro médico privado de los niños, ni testigos, ni informes periciales; ni se les permitió abrir la boca en el juicio. Sólo se tomó declaración a la educadora Tania G. B., que reconoció que el psicólogo Jorge y ella realizaron el único estudio psicosocial que existió de la familia, que éste fue positivo, que no se realizó ningún estudio, ni entrevista, ni visita adicional entre este y el segundo informe negativo, que el psicólogo Alfonso V. que firma este último informe no conoció nunca a la familia, y que ella misma nunca había visto al hijo pequeño cuya retirada de tutela también pedía. Cuando se le pregunta cuál es entonces la causa del radical cambio en su valoración y el origen de las nuevas acusaciones, alude de forma vaga a una reunión de profesionales cuya identidad no revela. Pero el citado falso INFORME reconoce sin tapujos que, lejos de tratarse de profesionales independientes, todos los participantes en la reunión eran personas contra los que Marina y Adrián habían presentado algún tipo de queja o a los que les habían resultado molestos, lideradas por los servicios sociales de Aragón que les habían amenazado años atrás como represalia por su denuncia a la teniente alcalde. Es decir, se selecciona cuidadosamente un grupo de personas con una enemistad personal hacia este matrimonio y entre ellos deciden, arbitrariamente y ocultando la valoración psicosocial a la familia realizada unos meses antes, la retirada de tutela de los tres menores, amañando un nuevo informe y encontrando un psicólogo dispuesto a poner en él su firma. El juicio puede verse y escucharse en YouTube. Pese a la criminalidad manifiesta de todo esto, cinco días más tarde, la jueza resuelve inexplicablemente a favor de la Comunidad de Madrid.
Tras la retirada de los niños, en un principio se permitió a los padres visitarlos dos días por semana una hora. Rodrigo, al que se había obligado al destete de forma brusca (a pesar de que todos los organismos pediátricos nacionales e internacionales alertan de los importantes daños físicos y emocionales de la interrupción repentina de la lactancia materna), según el director del centro y los educadores lo estaba pasando muy mal, lloraba constantemente, comía muy poco y no dormía, por lo que tuvieron que sedarlo durante meses. Existen grabaciones de vídeo de algunas de las primeras visitas que los padres han colgado en YouTube a modo de denuncia, con imágenes absolutamente desgarradoras de la separación forzosa de Rodrigo de sus padres. Puede verse al pequeño durante la visita aferrado al pecho de su madre, mamando en actitud de éxtasis. Puede verse luego al niño desesperado y angustiado cuando llega el momento de la despedida, llorando desconsolado, gritando “Noooooo”, e intentando zafarse de la persona que se lo lleva. A los pocos días de su internamiento, Rodrigo enfermó de las vías respiratorias y contrajo una cojera (según la residencia, a consecuencia de un virus), y tuvo que ser ingresado en el hospital. Sus padres, temiendo por la vida del niño, solicitaron por vía administrativa y judicial de forma urgente que se permitiera a su madre cuidarle y amamantarle, pero no se le permitió. Que el estado de los niños empeoró radicalmente tras su internamiento está documentado con grabaciones y fotos realizadas por los padres. Ana, que decía no querer comer la comida del centro, llegó con seis años a pesar menos que su hermano de tres. Por denunciar y documentar los padres heridas y marcas de agresiones en los niños mediante fotografías, se les restringieron primero, y luego se les eliminaron totalmente las visitas. Como los niños continuaban manifestando incansablemente a sus padres por teléfono que querían salir de ahí y volver a casa (¡incluso un año después de no poder ver a sus padres!), conversaciones que también están grabadas, se les eliminaron también las llamadas. Sin que se les haya informado del centro, los padres se han conseguido enterar de que Rodrigo ha sido hospitalizado al menos dos veces más desde que ingresó en residencia, pero ésta se niega a darles los motivos. Actualmente se les niega toda información sobre el estado de sus hijos. Los padres califican el trato que han recibido por parte del personal del centro como una auténtica “tortura psicológica”. “Nos enteramos por nuestras hijas de que era un hombre el que las bañaba, cuando ellas en casa un año antes ya se duchaban solas. Dijimos que no nos parecía bien que fuera un hombre que no es su padre el que está lavando sus partes íntimas. También nos quejamos de que las vistieran con pantaloncitos muy cortos y estrechos, por no parecernos apropiado para unas niñas de esa edad que además tienen que jugar. En la visita siguiente trajeron a Ana, con apenas seis años, con una minifalda, un top y unos tacones. Como diciendo, toma, os preocupa que vuestras hijas puedan sufrir abusos sexuales en el centro, pues ahora os vais a enterar. Llegaron incluso a decirnos que si ellos quieren, pueden sacarles un órgano a los niños sin decirnos nada. ¿Esto no es torturar deliberadamente a unos padres?”, explica Marina con voz entrecortada.
El de los hermanos Villarreal no es un caso aislado. Centenares de familias y varias asociaciones han denunciado a la Administración por informes de retirada de tutela falsos y manipulados. Los escándalos de maltratos y abusos sexuales en centros de menores tutelados por la administración, embarazos no deseados, violentas peleas entre menores, desaparición de niños fugados de los centros, etc., están a la orden del día. UNICEF ha expresado su preocupación porque el sistema de protección del menor en España no respeta los derechos de los niños, dedicando montones de recursos a retirarlos de las familias en vez de ayudar a éstas a superar sus dificultades, actuando sin control judicial, y sin tener en cuenta la opinión de los niños. Pero es que los menores tutelados son un negocio, como cada vez más voces se atreven a denunciar. Por la tutela de los tres hermanos Villarreal, la Comunidad de Madrid recibe unos 12 000 EUR al mes, 150 000 EUR al año, en su mayoría provenientes de fondos europeos. Por los 50 000 niños tutelados que se calcula que hay en España, estaríamos hablando de una fuente de ingresos de varios miles de millones de euros al año, que alimenta a una cohorte de trabajadores sociales, educadores, psicólogos, y funcionarios, y lucra a las empresas que gestionan las residencias de menores. En resumen, un buen incentivo para que surjan tramas corruptas dentro de una administración que ejerce escaso control sobre sus instituciones, otorga a cualquier trabajador social el inmenso poder de retirar tutelas a su juicio particular, y cuyos funcionarios gozan de presunción de veracidad ante la justicia.
Desgraciadamente, en España la justicia no es igual para todos, más aún cuando el demandado es una institución del mismo Estado que paga y asigna a los abogados de oficio. Es primordial que la familia Villarreal consiga contratar un abogado que les represente adecuadamente y ponga fin al bloqueo, deliberado o por desidia, de la justicia. Y esto es importante no solo para ellos: su caso crearía precedente de que las Comunidades Autónomas utilizan informes falsos de “desamparo” para retirar menores de sus familias.
Marina y Adrián tienen la intención de devolver todos los donativos realizados para la lucha por rescatar a sus hijos, pero por ahora no saben cuánto tiempo tardarán en hacerlo. Gracias por la confianza.
Por el derecho de estos niños a tener unos padres y crecer en el seno de una familia que les ama y protege. Para que se ponga fin a esta tortura física y psicológica de tres niños y sus padres. CONTRA EL TRÁFICO ENCUBIERTO DE MENORES AMPARADO POR EL ESTADO Y FINANCIADO CON NUESTROS IMPUESTOS. Para que no quede impune este crimen y que no se repita con ninguna otra familia. Porque los siguientes podrían ser tus hijos, sobrinos o nietos.
POR FAVOR, VISITA TAMBIÉN LA PÁGINA DE FACEBOOK “RESCATEMOS A LOS NIÑOS VILLARREAL” PARA DESCARGAR, FIRMAR Y ENVIAR UN MODELO DE CARTA A LAS INSTITUCIONES Y PERSONALIDADES QUE ALLÍ SE INDICAN. También puedes ayudar firmando y difundiendo la petición de Change.org "Que los hermanos Villarreal sean devueltos YA a su familia". Cuantas más voces seamos, más difícil será acallarnos.
Muchas gracias de todo corazón.
Organizer
Marina Adrián
Organizer
Madrid, M